Dicen que el arte no tiene precio. Pero parece que sí tiene tarifa: 325 euros por semana, según el plan del gobierno irlandés que promete un ingreso básico para artistas, músicos y trabajadores creativos. Una especie de sueldo estatal por ser creativo, como si la inspiración viniera con recibo y obra social.
No es que esté mal que se valore al arte (por fin, diría más de uno), pero hay algo que no cierra. ¿Qué pasa con la rebeldía, esa chispa que hizo del arte un refugio contra el poder, la rutina y la obediencia? ¿Cómo se hace una canción incómoda si quien te paga el alquiler es el mismo que hace las leyes?
Me imagino a los Sex Pistols en Dublín 2026, haciendo fila para cobrar el subsidio por “mantener viva la actitud punk”. O a un poeta contestatario preguntándose si puede criticar al gobierno sin que le descuenten del próximo pago. No suena muy rock and roll que digamos.
El problema no es la plata, es la dependencia. Cuando el arte se convierte en un empleado del Estado, algo se rompe. El riesgo, la irreverencia, la libertad creativa: todo se vuelve un trámite con firma digital y planilla Excel.
No digo que el Estado se lave las manos. Al contrario: debería garantizar que los artistas puedan vivir de su trabajo, no de un subsidio. Eso implica políticas culturales reales: acceso a medios, circuitos profesionales, formación, acuerdos con cámaras de comercio y privados, espacios autogestionados. No un sueldo fijo.
El arte necesita oxígeno, no oxígeno embotellado del Ministerio de Cultura. Si el artista empieza a mirar al Estado como su jefe, el próximo hit podría terminar llamándose “Gracias por el pago mensual”, y los temas más críticos del sistema, como “¿Cómo enfrentar el miedo?” de Gustavo Cordera, quedarían en el olvido; así, la verdadera rebeldía (no la de cotillón) quedaría enterrada para siempre.
